VENEZUELA APRUEBA LEY QUE CASTIGA APOYO A SANCIONES INTERNACIONALES
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por aliados del gobierno, aprobó una polémica ley que sanciona severamente a quienes apoyen o soliciten sanciones internacionales contra el país. Este nuevo marco legal, que también penaliza actos que desconozcan a los poderes públicos o atenten contra la soberanía nacional, ha generado fuertes críticas de la oposición y organizaciones de derechos humanos tanto locales como internacionales.
La normativa, que codifica estas acciones como crímenes de lesa humanidad, permite el procesamiento en ausencia y contempla penas de entre 25 y 30 años de prisión. También establece inhabilitación por 60 años para ocupar cargos públicos y la confiscación de bienes. Además, criminaliza la participación en actos considerados agresiones contra Venezuela, elevando la represión hacia opositores políticos y activistas.
El presidente Nicolás Maduro celebró la aprobación de la ley y destacó su objetivo de “poner orden” en el país. Durante un programa de televisión estatal, Maduro defendió que “el sistema de justicia no puede detenerse por la fuga de los responsables”. Asimismo, argumentó que las sanciones internacionales son un intento de Estados Unidos para desestabilizar su gobierno, al que acusa de orquestar bloqueos económicos para forzarlo a dejar el poder.
Por su parte, opositores señalaron que la crisis en Venezuela es consecuencia de políticas fallidas implementadas durante los 11 años de mandato de Maduro. La dirigente opositora María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad, ha sido uno de los principales blancos de la nueva ley, enfrentando acusaciones de traición a la patria por su apoyo a proyectos en el Congreso estadounidense que buscan endurecer las sanciones contra el gobierno venezolano.
Machado, quien publicó un video rechazando las acusaciones, aseguró que la lucha por la democracia y el bienestar de Venezuela continúa pese a la persecución. Líderes opositores, como Edmundo González, han calificado las medidas legales contra Machado como un intento por silenciar a quienes desafían al régimen. Desde el exilio, González afirmó que estas acciones reflejan el temor del gobierno ante una creciente movilización ciudadana liderada por figuras opositoras.
La legislación aún debe ser promulgada por Maduro y revisada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un organismo afín al gobierno. Sin embargo, su aprobación marca un nuevo episodio de represión en Venezuela, intensificando la polarización y el rechazo internacional hacia el régimen.
