REFORMA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA GENERA PREOCUPACIÓN POR REPERCUSIONES INTERNACIONALES
La reciente aprobación de una reforma constitucional que amplía los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa en México ha desatado críticas de activistas y organizaciones humanitarias. Estas instituciones alertan sobre el riesgo de que el país enfrente nuevos señalamientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la ONU. Esta última, por medio de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, había solicitado previamente derogar esta medida por contravenir la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Senado mexicano, dominado por Morena y sus aliados, aprobó incluir delitos como extorsión, actividades relacionadas con fentanilo, contrabando y uso de comprobantes fiscales falsos en la lista de casos sujetos a prisión automática. Aunque el gobierno argumenta que esto fortalecerá el combate a la criminalidad, expertos sostienen que la reforma vulnera derechos humanos y no mejora los índices de seguridad.
Activistas como Sergio Méndez Silva, de la Fundación para la Justicia, advierten que esta medida podría desencadenar nuevos casos en el sistema interamericano y sentencias que declaren inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. En México, cuatro de cada diez personas encarceladas carecen de sentencia, lo que refleja un sistema judicial lento e ineficaz que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.
Casos emblemáticos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes estuvieron 17 años en prisión preventiva sin sentencia, ilustran las fallas de esta política. La Corte IDH determinó que la aplicación de esta medida en su caso violó derechos fundamentales. Activistas afirman que no existe evidencia de que la prisión automática reduzca la violencia ni garantice investigaciones exitosas.
Pese a las críticas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a estrategias de seguridad que combinan investigaciones policiales con el uso de las Fuerzas Armadas, una línea heredada de administraciones anteriores. Sin embargo, los recientes actos de violencia en varias regiones del país subrayan los retos persistentes para garantizar seguridad y justicia, mientras el debate sobre la prisión preventiva oficiosa sigue dividiendo opiniones.
