El Plan Nacional de Vivienda y sus Implicaciones en el Mercado Inmobiliario
Recientemente, el gobierno federal presentó su Plan Nacional de Vivienda, que tiene como objetivo construir un millón de viviendas a precios accesibles. Esta propuesta ha generado controversia, especialmente entre los defensores del libre mercado, quienes advierten sobre lo que consideran una "competencia desleal" por parte del Estado. Según ellos, la participación del gobierno en la construcción de viviendas de bajo costo podría alterar el equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector inmobiliario. No obstante, esta crítica parece ignorar el contexto actual, donde los desarrolladores privados han dejado de lado la construcción de viviendas asequibles, lo que ha llevado a un incremento en la demanda insatisfecha.
La situación se ha vuelto alarmante: una investigación reciente muestra que hace diez años, el 21% de las viviendas nuevas en México se construían para los sectores de ingresos más bajos. Sin embargo, en la actualidad, este porcentaje ha caído drásticamente a solo el 1%. Esto sugiere que la afirmación de que ya no existe demanda para viviendas accesibles es errónea. Los jóvenes, en particular, se encuentran en una situación difícil, soñando con la posibilidad de comprar o alquilar un hogar. Por lo tanto, la ausencia de construcción de vivienda accesible por parte del sector privado plantea preguntas sobre las verdaderas motivaciones de los desarrolladores.
Una posible explicación de esta crisis en el mercado inmobiliario es que muchos actores prefieren especular con la vivienda y enfocarse en inversiones que prometen mayores rendimientos a corto plazo, como es el caso de los alquileres a través de plataformas como Airbnb. Este enfoque ha contribuido a una distorsión en el mercado que favorece a aquellos que buscan maximizar sus beneficios financieros, en lugar de atender las necesidades habitacionales de la población. Por lo tanto, el Plan Nacional de Vivienda no debería ser motivo de preocupación para los constructores que operan dentro de un mercado competitivo, siempre y cuando cumplan con la demanda real y la asequibilidad.
Por otra parte, algunos constructores argumentan que la construcción de vivienda accesible es inviable debido al alto costo y escasez del suelo urbano. Esta afirmación sugiere que el gobierno, al utilizar terrenos públicos para proyectos de vivienda social, estaría creando una competencia desleal. Sin embargo, esta lógica es cuestionable, dado que el acceso a terrenos públicos debería ser la norma en lugar de la excepción. Un ejemplo claro de esta problemática es el caso del desarrollo "Centro Zapopan", donde el gobierno municipal privatizó terrenos que podrían haber sido utilizados para vivienda social, permitiendo así que los desarrolladores se enfocaran en proyectos de alto costo.
El Plan Nacional de Vivienda también incluye un sistema de alquiler social, cuyo objetivo es ofrecer viviendas a un costo que no exceda el 30% de los ingresos de los hogares. Este enfoque busca desmercantilizar el acceso a la vivienda, permitiendo a las familias acceder a opciones de alquiler asequibles sin necesidad de realizar una compra. Esta propuesta se alinea con prácticas comunes en países desarrollados, donde un porcentaje considerable de la vivienda es subsidiada por el gobierno. En México, sin embargo, esta proporción es prácticamente nula.
En conclusión, el Plan Nacional de Vivienda busca abordar una crisis de acceso a la vivienda en México, promoviendo alternativas desmercantilizadas que podrían beneficiar a quienes actualmente no pueden permitirse los altos precios del mercado inmobiliario. Para lograrlo, será esencial implementar estrategias de regulación integral que frenen la especulación y promuevan un acceso equitativo a la vivienda, asegurando que el mercado inmobiliario funcione en beneficio de la sociedad en su conjunto.
