EL ACUERDO DE GROENLANDIA DE TRUMP SE PARECE MÁS AL PASADO QUE A UNA RUPTURA HISTÓRICA
El anuncio del presidente Donald Trump sobre haber alcanzado un supuesto marco de un acuerdo futuro en torno a Groenlandia generó más preguntas que certezas entre aliados y observadores internacionales. Lejos de ofrecer detalles claros, el planteamiento quedó envuelto en un silencio llamativo por parte de los actores involucrados, lo que alimentó la percepción de que el anuncio respondía más a una estrategia política que a un cambio sustancial en la relación entre Estados Unidos, Dinamarca y el territorio ártico.
Al ser cuestionados sobre el contenido concreto del entendimiento, tanto la OTAN como la Casa Blanca evitaron profundizar. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, se limitó a remitir a una publicación del propio Trump, que carecía de explicaciones técnicas o compromisos verificables. El propio mandatario, al ser interrogado directamente sobre si este marco cumplía su antigua aspiración de controlar Groenlandia, eludió la respuesta y optó por describir el acuerdo como algo permanente y sin fecha de caducidad, una definición ambigua que llamó la atención de analistas.
Esa caracterización resulta significativa porque apunta a un elemento que ya existe desde hace décadas. Estados Unidos y Dinamarca firmaron en 1951 un acuerdo de defensa que permite una presencia militar estadounidense en Groenlandia de manera indefinida. Bajo ese marco, Washington ya contaba con amplias facultades para operar, expandir y mantener instalaciones militares en el territorio, siempre que no se vulnerara formalmente la soberanía danesa. En ese contexto, la insistencia de Trump en presentar el entendimiento como un avance histórico parece desproporcionada.
De acuerdo con información posterior, ni siquiera existe todavía un documento formal que respalde el anuncio presidencial. Lo que se ha descrito hasta ahora se asemeja más a un entendimiento verbal que a un tratado o acuerdo actualizado. Entre los puntos que se mencionan figuran posibles conversaciones para modernizar el acuerdo de 1951, mayor coordinación en defensa, restricciones a la presencia de China y Rusia en Groenlandia y un rol más visible de la OTAN en la región. Sin embargo, muchas de estas condiciones ya estaban implícitas o podían haberse negociado sin recurrir a un discurso confrontativo.
El acuerdo original ya otorgaba a Estados Unidos jurisdicción casi total sobre sus áreas de defensa en Groenlandia. Esto incluía la capacidad de desarrollar infraestructura, desplegar personal militar, instalar sistemas defensivos, controlar accesos marítimos y aéreos, así como garantizar la movilidad del personal y sus familias sin interferencias legales significativas por parte de Dinamarca. Incluso se establecía que la legislación danesa no podía obstaculizar operaciones clave dentro de esas zonas.
Aunque es posible que un eventual acuerdo actualizado amplíe aún más estas facultades, el margen del que ya goza Estados Unidos es considerable. Por ello, la narrativa de un gran logro estratégico resulta cuestionable para muchos analistas, que interpretan el episodio como una cesión implícita de las aspiraciones más ambiciosas de Trump. En lugar de una redefinición del estatus de Groenlandia, lo ocurrido parece confirmar que el marco anunciado se apoya, en gran medida, en bases ya establecidas desde hace más de siete décadas.
