DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ENVIAN INICIATIVA A CONGRESOS LOCALES
El Congreso de la Unión dio luz verde a una reforma que establece la supremacía constitucional, la cual limitará las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de otros órganos judiciales para suspender leyes o actos del Congreso y del Ejecutivo. Esta medida, aprobada por la mayoría oficialista de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca impedir que amparos o controversias frenen la aplicación de reformas constitucionales, consolidando así la autoridad de la Constitución sobre cualquier otra norma o resolución.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue remitido a las legislaturas locales, donde se espera su análisis y eventual ratificación antes de ser publicado oficialmente. La reforma se enfoca en garantizar que las disposiciones constitucionales tengan prioridad, incluso cuando existan resoluciones judiciales que tradicionalmente permitían suspender su implementación. Esta normativa pretende blindar reformas recientes impulsadas por el gobierno, como la elección de jueces, que ha enfrentado suspensiones judiciales.
Los impulsores de la reforma justifican esta medida como una salvaguarda de la soberanía del Poder Legislativo, sosteniendo que las decisiones de los representantes electos deben prevalecer sobre las interpretaciones judiciales. En este contexto, la “supremacía constitucional” evitará que las reformas aprobadas por el Congreso sean impugnadas de manera efectiva por el Poder Judicial, consolidando así el poder del Legislativo sobre los criterios de la SCJN.
Además, la reforma responde a una percepción de parcialidad en el Poder Judicial, al que miembros de Morena y sus aliados acusan de actuar en favor de intereses específicos. En particular, la medida pretende cerrar la puerta a acciones judiciales contra reformas como la de eliminar órganos autónomos y otras iniciativas en proceso, que buscan cambiar la estructura y funcionamiento de las instituciones públicas.
La reciente aprobación de esta reforma ha generado opiniones encontradas; mientras los legisladores oficialistas la presentan como una protección de la democracia y de la soberanía legislativa, los críticos consideran que limita la posibilidad de revisión judicial y obstaculiza el sistema de contrapesos, elemento fundamental en un estado de derecho.
