CIDH EXIGE A NAYIB BUKELE LA DEROGACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN EN EL SALVADOR
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que derogue el régimen de excepción, el cual ha estado en vigor desde marzo de 2022. La CIDH instó al gobierno a restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para la prevención y control de la criminalidad que respeten los derechos humanos, según el informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador.
Contexto del Régimen de Excepción
El régimen de excepción fue implementado como respuesta a un aumento significativo en la violencia de organizaciones criminales, que en un solo día de marzo de 2022, resultó en 62 homicidios, el día más violento desde junio de 2019, cuando Bukele asumió la presidencia. La medida ha sido una herramienta clave en la lucha contra la violencia, pero también ha generado controversias por las restricciones a los derechos fundamentales.
Bukele ha defendido el régimen, argumentando que ha sido crucial para transformar al país de uno de los más violentos a uno de los más seguros del continente. Según datos oficiales, la tasa de homicidios en 2015 fue de 106,3 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2023 se redujo a 2,4. Para 2024, el presidente proyecta una disminución aún mayor, a 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Recomendaciones de la CIDH
A pesar de estos avances, la CIDH ha señalado que, aunque reconoce la mejora en la seguridad, no considera que la situación actual justifique la continuación del régimen de excepción. En su informe, la CIDH subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos, abogando por medidas que no impliquen la suspensión de derechos fundamentales.
La CIDH también ha indicado que el informe no incluye detalles exhaustivos sobre las estadísticas oficiales de delitos, la situación judicial de los presuntos responsables o los procesos judiciales en curso, lo que limita una evaluación completa de la situación.
La petición de la CIDH ha añadido un nuevo capítulo al debate sobre el régimen de excepción en El Salvador, planteando la cuestión de si la mejora en la seguridad justifica el costo en términos de derechos humanos y libertades civiles.
