PRESUNTOS ABUSOS POLICIALES EN TIZIMÍN


Un incidente grave ha sido denunciado en Tizimín, Yucatán, donde un hombre acusa a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de detención ilegal y despojo de 65 mil pesos. De acuerdo con la versión del afectado, el evento ocurrió en un retén "improvisado" en la carretera Tizimín-Colonia, cuando los oficiales a bordo de las unidades 6013 y 6015, bajo el mando de un individuo conocido como "El Chino", detuvieron su camioneta sin explicaciones claras.

El denunciante explica que los policías revisaron su vehículo y alegaron que debía ser detenido por poseer una sirena utilizada para prevenir el paso de procesiones, lo cual consideraron un delito. En un intento por resolver la situación, el conductor ofreció 15 mil pesos a los agentes, que, según su testimonio, era dinero destinado a pagar la nómina de los trabajadores de su rancho. Sin embargo, los oficiales optaron por llevar la camioneta a Valladolid y retener al conductor en el Centro Integral de Seguridad Pública (CISP) en Tizimín.

La situación se tornó más complicada cuando, tras varias horas de detención, el hombre fue trasladado al Cuartel Morelos en la Ciudad de los Reyes, donde fue arrestado y mantenido incomunicado. Según su relato, en el cuartel fue objeto de intimidación, amenazas y violencia, lo que lo llevó a ofrecer otros 50 mil pesos que tenía guardados en su camioneta. Este hecho refuerza la acusación de abuso de autoridad por parte de los elementos policiales.

El denunciante también indica que estuvo 48 horas en detención sin recibir ninguna boleta de arresto o infracción que justificara su privación de libertad. Además, se le advirtió que no hablara con nadie sobre lo sucedido, ya que los oficiales afirmaron que ellos tenían control total sobre el territorio oriental de Yucatán, lo que genera serias preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas y el abuso de poder en las fuerzas de seguridad.

Este caso destaca la necesidad urgente de revisar y reformar las prácticas dentro de la SSP para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y se combatan los actos de corrupción y abuso. La denuncia es una clara llamada de atención sobre la situación de la seguridad pública en la región y la protección de los derechos humanos.